Las peticiones para obtener el salario social crecen el 10,6%

La demanda de salario social, ese salvavidas pensado para mantener a flote a las familias más desfavorecidas, ha crecido más de un 10,5% en lo que va de año. Hasta la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social llegaron entre el 1 de enero y el 15 de mayo 11.471 solicitudes de andaluces que ven en la llamada Renta Mínima de Inserción una ayuda para salir del paso. En el mismo periodo de 2008, las peticiones ascendían a 10.365 (el 10,6% menos que este año).

A partir de esas peticiones, el Gobierno andaluz ha concedido el salario social a 9.576 familias entre enero y mayo, lo que supone un incremento del 11,1% en el número de beneficiarios respecto a los cinco primeros meses de 2008, cuando se concedieron 8.612 ayudas. El presupuesto previsto este año por Bienestar Social para hacer frente al pago de estos subsidios es de 39 millones de euros, según los datos aportados por la Consejería. Esta partida se reserva en función de las previsiones de solicitudes, pero según Bienestar Social se trata de un crédito "ampliable" si se agota la reserva inicial.

Requisitos

Según fuentes de la Junta, este presupuesto no influye a la hora de determinar si se concede o no la ayuda a una familia que la demanda. Es decir, todos los demandantes que cumplen los requisitos exigidos (regulados en el decreto 2/1999 de 12 de enero), se convierten en beneficiarios del salario social. El principal de estos condicionantes es que la familia disponga de unos recursos mensuales inferiores al llamado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que para este año se sitúa en 386,88 euros (el 62% del salario mínimo interprofesional, 624 euros).

Este Ingreso Mínimo de Solidaridad coincide con el importe que reciben como salario social las personas que viven solas. A partir de ahí, la cuantía aumenta en proporción al tamaño de la familia: 436,8 para las de dos miembros; 486,72 para las de tres; y hasta un máximo de 624 euros para las familias de seis o más miembros.

Este salario se cobra durante un máximo de seis meses, siempre que se mantengan las condiciones económicas. Los beneficiarios tienen que cumplir también una serie de obligaciones, como no rechaza ninguna oferta de empleo adecuada a su perfil.

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