La canciller alemana, Angela Merkel, ha celebrado el acuerdo entre el fabricante de componentes austríaco-canadiense Magna y el grupo automovilístico General Motors (GM) para la adquisición de Opel y asegura que supone una oportunidad que la plantilla "se ha merecido".
"El acuerdo ofrece una perspectiva para el futuro de Opel y supone una oportunidad que se han merecido los trabajadores, sobre todo, habida cuenta de que no son responsables de una situación que se deriva de la mala gestión de General Motors en Estados Unidos", dijo Merkel.
La canciller aseguró que las negociaciones de las últimas semanas, que culminaron esta semana con dos sesiones nocturnas en la Cancillería, fueron arduas y han constituido una prueba para la relación transatlántica.
Merkel dijo que este jueves habló por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que ambos acordaron poner todo de su parte para llevar a buen término las negociaciones.
También dejó claro que para ella no se planteaba la opción de una insolvencia de Opel, como hubiera preferido su ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg, quien, incluso a posteriori afirmó haber apostado por esta solución habida cuenta de los altos riesgos que entraña la operación para el contribuyente.
"Yo he llegado a una apreciación distinta que el ministro y creo que podemos asumir los riesgos, pero hay que decir también que el papel de un ministro de Economía es poner el dedo en la llaga y advertir de los riesgos", dijo la canciller.
El dramatismo de las negociaciones entre General Motors, Magna, el Gobierno alemán y el estadounidense incluyó, según la prensa alemana, la amenaza de Guttenebrg de dimitir si no se imponía su opción.
Sin embargo, al término de la noche, el ministro compareció ante los medios asegurando que, pese a haber favorecido otra opción, entendía los buenos argumentos de sus colegas del gabinete y los apoyaba.
Merkel aseguró que en los últimos días ha habido un intenso contacto entre el gobierno alemán y los de los otros países con plantas de Opel, especialmente entre Guttenberg y los ministros de Industria del Reino Unido, Peter Mandelson, y de España, Miguel Sebastián.
El acuerdo alcanzado entre GM y Magna abre la vía a que el Estado y los "Länder" alemanes habiliten créditos por valor de 1.500 millones de euros que permitirán evitar que Opel sea arrastrado por la inminente suspensión de pagos de la casa matriz General Motors.
www.elmundo.es
sábado, 30 de mayo de 2009
Los sindicatos europeos aprueban una resolución contra la crisis en París
Se firma la declaración de París
Los dirigentes sindicales europeos han asistido a la Conferencia de mitad de mandato de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), celebrada en París los días 27 y 28 de mayo para debatir soluciones a la crisis.
Allí han firmado la Declaración de París, con la que persiguen un doble objetivo: combatir la crisis y buscar una sociedad más justa. El documento está articulado en cinco puntos:
- Más empleo y de mejor calidad: invertir en un amplio plan europeo de recuperación;
- Sistemas de protección social más fuertes con el fin de asegurar más seguridad y evitar la exclusión social;
- Unos derechos más fuertes para los trabajadores y el fin del predominio de los mercados a corto plazo;
- Mejores salarios: el fortalecimiento de las negociaciones colectivas;
- La solidaridad europea frente a los esfuerzos del capitalismo financiero.
www.ugt.es
Los dirigentes sindicales europeos han asistido a la Conferencia de mitad de mandato de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), celebrada en París los días 27 y 28 de mayo para debatir soluciones a la crisis.
Allí han firmado la Declaración de París, con la que persiguen un doble objetivo: combatir la crisis y buscar una sociedad más justa. El documento está articulado en cinco puntos:
- Más empleo y de mejor calidad: invertir en un amplio plan europeo de recuperación;
- Sistemas de protección social más fuertes con el fin de asegurar más seguridad y evitar la exclusión social;
- Unos derechos más fuertes para los trabajadores y el fin del predominio de los mercados a corto plazo;
- Mejores salarios: el fortalecimiento de las negociaciones colectivas;
- La solidaridad europea frente a los esfuerzos del capitalismo financiero.
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viernes, 29 de mayo de 2009
Alarmante repunte de los accidentes mortales en el sector de la construcción
El número de accidentes mortales en el sector de la construcción en el transcurso del año en curso esta alcanzando unos niveles intolerables.
El día 20 de mayo perdía la vida un trabajador de 38 años en una granja en construcción. En el accidente sufrió heridas graves su compañero de 36 años, que se recupera en el hospital Miguel Server.
Este mes de mayo esta siendo especialmente trágico, puesto que el pasado martes día 12 un trabajador de 32 años fallecía atrapado por unos paneles prefabricados de hormigón que estaba pintando.
A estos dos tristes sucesos debemos de añadir el accidente sufrido por un joven de 28 años, que salvó la vida pese a quedar sepultado durante más de una hora por los escombros de una pared de un edificio contiguo.
La muerte de estos trabajadores incrementan las cifras de los fallecidos en construcción a siete personas, quedando muy próximos a los datos totales del año 2008, que se cerró con nueve fallecidos en el sector.
Estas cifras deben poner en alerta a todo el sector, pues en una situación tan difícil como la que estamos atravesando, no podemos consentir que se relajen las medidas de prevención en los centros de trabajo, ni echar por tierra los avances en cultura preventiva que tanto cuesta introducir en las obras de construcción.
El cumplimiento de la legislación en materia preventiva y en la regulación de la subcontratación son las bases para lograr mantener los niveles de seguridad necesarios en tiempos de crisis como los actuales. Para ello, se debe de dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, que deberá velar por el cumplimiento de la normativa en el mayor número de centros posibles
Para FECOMA-CCOO la estrategia para frenar esta lacra pasa por introducir decididamente una cultura preventiva en las obras, incrementando la formación y apoyándose en planes específicos sectoriales permanentes. Planes que impliquen a todas las partes; trabajadores, empresas y técnicos en prevención.
El día 20 de mayo perdía la vida un trabajador de 38 años en una granja en construcción. En el accidente sufrió heridas graves su compañero de 36 años, que se recupera en el hospital Miguel Server.
Este mes de mayo esta siendo especialmente trágico, puesto que el pasado martes día 12 un trabajador de 32 años fallecía atrapado por unos paneles prefabricados de hormigón que estaba pintando.
A estos dos tristes sucesos debemos de añadir el accidente sufrido por un joven de 28 años, que salvó la vida pese a quedar sepultado durante más de una hora por los escombros de una pared de un edificio contiguo.
La muerte de estos trabajadores incrementan las cifras de los fallecidos en construcción a siete personas, quedando muy próximos a los datos totales del año 2008, que se cerró con nueve fallecidos en el sector.
Estas cifras deben poner en alerta a todo el sector, pues en una situación tan difícil como la que estamos atravesando, no podemos consentir que se relajen las medidas de prevención en los centros de trabajo, ni echar por tierra los avances en cultura preventiva que tanto cuesta introducir en las obras de construcción.
El cumplimiento de la legislación en materia preventiva y en la regulación de la subcontratación son las bases para lograr mantener los niveles de seguridad necesarios en tiempos de crisis como los actuales. Para ello, se debe de dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, que deberá velar por el cumplimiento de la normativa en el mayor número de centros posibles
Para FECOMA-CCOO la estrategia para frenar esta lacra pasa por introducir decididamente una cultura preventiva en las obras, incrementando la formación y apoyándose en planes específicos sectoriales permanentes. Planes que impliquen a todas las partes; trabajadores, empresas y técnicos en prevención.
CCOO exige el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en el sector ferroviario
26 de mayo, un trabajador más (empleado de la empresa MALCOVER, subcontrata de TECSA) ha perdido su vida al caer a la catenaria desde un puente en construcción mientras se realizaban trabajos en la línea ferroviaria próxima a Albacete.
El Sector Ferroviario de CCOO exige el cumplimiento real y no meramente formal de la normativa sobre prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y más rigor por parte de la Administración a la hora de hacer cumplir dicha normativa.
La FSC-CCOO denuncia, una vez más, el permanente goteo de muertes por accidente laboral, que se está instalando de manera muy preocupante en la actividad ferroviaria. Por ello, se dirige a la opinión pública y a los propios trabajadores para protestar y mostrar su absoluto rechazo a la precariedad laboral, que se muestra en su máxima extensión cuando los trabajadores pierden su vida con objeto y con ocasión de su trabajo, muertes muchas de ellas evitables con una inversión real en prevención.
Más allá de culpar permanentemente tanto al azar, como a los fallos humanos, (como suelen hacer empresas y en ocasiones poderes públicos), el Sector Ferroviario de CCOO entiende como intolerables las verdaderas causas que llevan a los accidentes mortales, ya que las mismas tienen mucho que ver con la subcontratación, las largas jornadas de trabajo y la falta de formación en prevención. En definitiva, aspectos muy significativos de la precariedad laboral, que llevan a los trabajadores, por temor a la pérdida de su empleo, a asumir riesgos que en ocasiones acaban con sus vidas.
De nuevo esta lacra social golpea en el sector ferroviario. La apuesta de los poderes públicos por un modelo de gestión que aboga y preconiza las externalizaciones y la sustitución de empleo estable y con derechos, por empleo precario en todos sus extremos (falta de prevención real), ha generado un aumento de los accidentes mortales, tanto de trabajadores de Adif como de empresas subcontratadas, por más que las empresas pretendan maquillar las estadísticas negando como causas de muerte por accidente de trabajo, algunos fallecimientos producidos en horario y lugar de trabajo.
El Sector Ferroviario de CCOO sigue reclamando a Adif que controle las condiciones de trabajo y las medidas de seguridad cuando se llevan a cabo trabajos en la compañía, incluidos aquellos que prestan sus servicios a través de contratas, ya que es un contrasentido que siendo el transporte ferroviario uno de los más seguros, tanto de mercancías como de viajeros, el trabajar en su entorno entrañe cada día más riesgo de accidente laboral.
El Sector Ferroviario de CCOO exige el cumplimiento real y no meramente formal de la normativa sobre prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y más rigor por parte de la Administración a la hora de hacer cumplir dicha normativa.
La FSC-CCOO denuncia, una vez más, el permanente goteo de muertes por accidente laboral, que se está instalando de manera muy preocupante en la actividad ferroviaria. Por ello, se dirige a la opinión pública y a los propios trabajadores para protestar y mostrar su absoluto rechazo a la precariedad laboral, que se muestra en su máxima extensión cuando los trabajadores pierden su vida con objeto y con ocasión de su trabajo, muertes muchas de ellas evitables con una inversión real en prevención.
Más allá de culpar permanentemente tanto al azar, como a los fallos humanos, (como suelen hacer empresas y en ocasiones poderes públicos), el Sector Ferroviario de CCOO entiende como intolerables las verdaderas causas que llevan a los accidentes mortales, ya que las mismas tienen mucho que ver con la subcontratación, las largas jornadas de trabajo y la falta de formación en prevención. En definitiva, aspectos muy significativos de la precariedad laboral, que llevan a los trabajadores, por temor a la pérdida de su empleo, a asumir riesgos que en ocasiones acaban con sus vidas.
De nuevo esta lacra social golpea en el sector ferroviario. La apuesta de los poderes públicos por un modelo de gestión que aboga y preconiza las externalizaciones y la sustitución de empleo estable y con derechos, por empleo precario en todos sus extremos (falta de prevención real), ha generado un aumento de los accidentes mortales, tanto de trabajadores de Adif como de empresas subcontratadas, por más que las empresas pretendan maquillar las estadísticas negando como causas de muerte por accidente de trabajo, algunos fallecimientos producidos en horario y lugar de trabajo.
El Sector Ferroviario de CCOO sigue reclamando a Adif que controle las condiciones de trabajo y las medidas de seguridad cuando se llevan a cabo trabajos en la compañía, incluidos aquellos que prestan sus servicios a través de contratas, ya que es un contrasentido que siendo el transporte ferroviario uno de los más seguros, tanto de mercancías como de viajeros, el trabajar en su entorno entrañe cada día más riesgo de accidente laboral.
Voy al paro, pero secuestro al jefe
el presidente francés, Nicolas Sarkozy, decidió ya entrar en la polémica y se preguntó en voz alta en una alocución pública: "¿Pero qué es esto de ir por ahí secuestrando gente? No dejaré que pasen cosas así", señaló. Sarkozy se refería a la nueva forma de protestar de determinados trabajadores cuando les cerca el paro o el despido: secuestrar a los dirigentes de la empresa como medida de presión, como medio para alcanzar más repercusión o, simplemente, como mero ejercicio del derecho al pataleo.
Nicolas Sarkozy
A FONDO
Nacimiento:
28-01-1955
Lugar:
(París)
Enlace Ver cobertura completa
"El pueblo se está divorciando de las élites", afirma un sociólogo
Todo empezó en marzo, cuando un grupo de trabajadores retuvo contra su voluntad al presidente de la fábrica de Pontonx-sur-Adour (Landes) de Sony Francia toda una noche. Protestaban contra lo que consideraban una indemnización insuficiente del plan de despidos que se iba a producir en la factoría. "No tenemos mucho que perder: ya hemos perdido el trabajo", se justificó uno de los trabajadores. La moda se extendió rápidamente en un país que cuenta con más de un 8% rampante de paro y donde el goteo de fábricas que cierran o que ajustan su plantilla es constante.
Hace unas dos semanas, ante un despido de 110 empleados, los trabajadores del grupo estadounidense 3M en Pithievers (Loiret) retuvieron al director. A otro ejecutivo de otra empresa los empleados le obligaron a desfilar junto a ellos en una manifestación.
El caso más sonado se produjo cuando un sector de la plantilla de Caterpillar en Grenoble secuestró durante un día en sus despachos a cuatro directivos para obligarles a desbloquear las negociaciones por el despido de 733 trabajadores. El mismo Sarkozy intervino para anunciar que velaría para solucionar el asunto. Esto pareció calmar a los obreros, que liberaron a los directivos. "Nosotros somos humanos", dijo uno de ellos.
Otro de los empleados que participaron en el secuestro, Patrick Martínez, aseguraba hace días en televisión con toda la resignación y la amargura de la crisis pintada en su cara de cincuentón de inminente parado sin porvenir:
-Yo no quiero secuestrar a los jefes. Yo sólo quiero salvar mi puesto de trabajo. Eso es todo.
Según se extendían los casos de empresarios-rehenes y la polémica saltaba a la calle, los políticos se pronunciaban sobre el asunto. El domingo pasado, la ex-candidata socialista a presidir la República, Ségolène Royal, manifestó: "No es agradable que te secuestren, y es ilegal privar a alguien de su libertad de movimientos, pero los trabajadores deben romper por algún lado esta injusticia". Martine Aubry, secretaria general del Partido Socialista francés (PS), añadió: "Ninguna violencia que atente contra la libertad de las personas está justificada, pero la violencia social se está ejerciendo con tal brutalidad que puede llegar a explicar casos como los que vemos". Sarkozy no había dicho nada hasta el martes, cuando lanzó su pregunta retórica: "¿Pero qué es esto de ir secuestrando a la gente...?".
La respuesta le llegó ese mismo martes por la noche: la plantilla de la empresa británica de adhesivos Scapa en Ballegarde-sur Valserine (Ain) secuestró en un despacho a cuatro de sus dirigentes, tres ingleses y un francés, para obligarles a renegociar los despidos. Les retuvieron una noche. Al día siguiente, los jefes y los trabajadores se reunían en el Ayuntamiento del pueblo, después de que liberaran a los directivos y éstos se comprometieran a seguir discutiendo.
Hay sociólogos que creen que "el pueblo se está divorciando de las élites", como afirmaba Denis Muzet, al comentar estos secuestros en Les Echos. Las distintas asociaciones patronales han señalado con mucha preocupación la escalada del fenómeno, y recuerdan: "Afecte a quien afecte la crisis, nunca se puede vulnerar la ley".
Con todo, hasta ahora, ningún empresario o ejecutivo ha denunciado la agresión, por lo que nadie ha sido detenido.
el país.es
Nicolas Sarkozy
A FONDO
Nacimiento:
28-01-1955
Lugar:
(París)
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"El pueblo se está divorciando de las élites", afirma un sociólogo
Todo empezó en marzo, cuando un grupo de trabajadores retuvo contra su voluntad al presidente de la fábrica de Pontonx-sur-Adour (Landes) de Sony Francia toda una noche. Protestaban contra lo que consideraban una indemnización insuficiente del plan de despidos que se iba a producir en la factoría. "No tenemos mucho que perder: ya hemos perdido el trabajo", se justificó uno de los trabajadores. La moda se extendió rápidamente en un país que cuenta con más de un 8% rampante de paro y donde el goteo de fábricas que cierran o que ajustan su plantilla es constante.
Hace unas dos semanas, ante un despido de 110 empleados, los trabajadores del grupo estadounidense 3M en Pithievers (Loiret) retuvieron al director. A otro ejecutivo de otra empresa los empleados le obligaron a desfilar junto a ellos en una manifestación.
El caso más sonado se produjo cuando un sector de la plantilla de Caterpillar en Grenoble secuestró durante un día en sus despachos a cuatro directivos para obligarles a desbloquear las negociaciones por el despido de 733 trabajadores. El mismo Sarkozy intervino para anunciar que velaría para solucionar el asunto. Esto pareció calmar a los obreros, que liberaron a los directivos. "Nosotros somos humanos", dijo uno de ellos.
Otro de los empleados que participaron en el secuestro, Patrick Martínez, aseguraba hace días en televisión con toda la resignación y la amargura de la crisis pintada en su cara de cincuentón de inminente parado sin porvenir:
-Yo no quiero secuestrar a los jefes. Yo sólo quiero salvar mi puesto de trabajo. Eso es todo.
Según se extendían los casos de empresarios-rehenes y la polémica saltaba a la calle, los políticos se pronunciaban sobre el asunto. El domingo pasado, la ex-candidata socialista a presidir la República, Ségolène Royal, manifestó: "No es agradable que te secuestren, y es ilegal privar a alguien de su libertad de movimientos, pero los trabajadores deben romper por algún lado esta injusticia". Martine Aubry, secretaria general del Partido Socialista francés (PS), añadió: "Ninguna violencia que atente contra la libertad de las personas está justificada, pero la violencia social se está ejerciendo con tal brutalidad que puede llegar a explicar casos como los que vemos". Sarkozy no había dicho nada hasta el martes, cuando lanzó su pregunta retórica: "¿Pero qué es esto de ir secuestrando a la gente...?".
La respuesta le llegó ese mismo martes por la noche: la plantilla de la empresa británica de adhesivos Scapa en Ballegarde-sur Valserine (Ain) secuestró en un despacho a cuatro de sus dirigentes, tres ingleses y un francés, para obligarles a renegociar los despidos. Les retuvieron una noche. Al día siguiente, los jefes y los trabajadores se reunían en el Ayuntamiento del pueblo, después de que liberaran a los directivos y éstos se comprometieran a seguir discutiendo.
Hay sociólogos que creen que "el pueblo se está divorciando de las élites", como afirmaba Denis Muzet, al comentar estos secuestros en Les Echos. Las distintas asociaciones patronales han señalado con mucha preocupación la escalada del fenómeno, y recuerdan: "Afecte a quien afecte la crisis, nunca se puede vulnerar la ley".
Con todo, hasta ahora, ningún empresario o ejecutivo ha denunciado la agresión, por lo que nadie ha sido detenido.
el país.es
Las peticiones para obtener el salario social crecen el 10,6%
La demanda de salario social, ese salvavidas pensado para mantener a flote a las familias más desfavorecidas, ha crecido más de un 10,5% en lo que va de año. Hasta la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social llegaron entre el 1 de enero y el 15 de mayo 11.471 solicitudes de andaluces que ven en la llamada Renta Mínima de Inserción una ayuda para salir del paso. En el mismo periodo de 2008, las peticiones ascendían a 10.365 (el 10,6% menos que este año).
A partir de esas peticiones, el Gobierno andaluz ha concedido el salario social a 9.576 familias entre enero y mayo, lo que supone un incremento del 11,1% en el número de beneficiarios respecto a los cinco primeros meses de 2008, cuando se concedieron 8.612 ayudas. El presupuesto previsto este año por Bienestar Social para hacer frente al pago de estos subsidios es de 39 millones de euros, según los datos aportados por la Consejería. Esta partida se reserva en función de las previsiones de solicitudes, pero según Bienestar Social se trata de un crédito "ampliable" si se agota la reserva inicial.
Requisitos
Según fuentes de la Junta, este presupuesto no influye a la hora de determinar si se concede o no la ayuda a una familia que la demanda. Es decir, todos los demandantes que cumplen los requisitos exigidos (regulados en el decreto 2/1999 de 12 de enero), se convierten en beneficiarios del salario social. El principal de estos condicionantes es que la familia disponga de unos recursos mensuales inferiores al llamado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que para este año se sitúa en 386,88 euros (el 62% del salario mínimo interprofesional, 624 euros).
Este Ingreso Mínimo de Solidaridad coincide con el importe que reciben como salario social las personas que viven solas. A partir de ahí, la cuantía aumenta en proporción al tamaño de la familia: 436,8 para las de dos miembros; 486,72 para las de tres; y hasta un máximo de 624 euros para las familias de seis o más miembros.
Este salario se cobra durante un máximo de seis meses, siempre que se mantengan las condiciones económicas. Los beneficiarios tienen que cumplir también una serie de obligaciones, como no rechaza ninguna oferta de empleo adecuada a su perfil.
el pais.es
A partir de esas peticiones, el Gobierno andaluz ha concedido el salario social a 9.576 familias entre enero y mayo, lo que supone un incremento del 11,1% en el número de beneficiarios respecto a los cinco primeros meses de 2008, cuando se concedieron 8.612 ayudas. El presupuesto previsto este año por Bienestar Social para hacer frente al pago de estos subsidios es de 39 millones de euros, según los datos aportados por la Consejería. Esta partida se reserva en función de las previsiones de solicitudes, pero según Bienestar Social se trata de un crédito "ampliable" si se agota la reserva inicial.
Requisitos
Según fuentes de la Junta, este presupuesto no influye a la hora de determinar si se concede o no la ayuda a una familia que la demanda. Es decir, todos los demandantes que cumplen los requisitos exigidos (regulados en el decreto 2/1999 de 12 de enero), se convierten en beneficiarios del salario social. El principal de estos condicionantes es que la familia disponga de unos recursos mensuales inferiores al llamado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que para este año se sitúa en 386,88 euros (el 62% del salario mínimo interprofesional, 624 euros).
Este Ingreso Mínimo de Solidaridad coincide con el importe que reciben como salario social las personas que viven solas. A partir de ahí, la cuantía aumenta en proporción al tamaño de la familia: 436,8 para las de dos miembros; 486,72 para las de tres; y hasta un máximo de 624 euros para las familias de seis o más miembros.
Este salario se cobra durante un máximo de seis meses, siempre que se mantengan las condiciones económicas. Los beneficiarios tienen que cumplir también una serie de obligaciones, como no rechaza ninguna oferta de empleo adecuada a su perfil.
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La persistencia de la crisis abre un debate sobre la prolongación de las ayudas a parados
La situación de los cientos de miles de parados que han agotado sus prestaciones y subsidios, así como el hecho de que la persistencia de la crisis amenaza con incrementar este número en los próximos meses ha abierto un debate entre los agentes políticos y sociales sobre la necesidad de reforzar las ayudas del Estado a los más afectados por el deterioro económico.
En este debate, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho ha tirado la pelota sobre estas ayudas sobre el tejado del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales y los gobiernos autonómicos. Así, ha avanzado que las comunidades tendrán que hacerse cargo de la extensión de las rentas sociales para aquellos que no cuenten con prestaciones contributivas, al ser parte de sus competencias. Un mensaje que no ha caído en saco rato, ya que hay varias regiones que podrían tomar medidas en este sentido. Por coherencia, ha añadido el ministro, el testigo por parte del Gobierno debe tomarlo el departamento que dirige Trinidad Jiménez, en coordinación con la Vicepresidencia Tercera.
Corbacho ha explicado que la posible ampliación de la protección social para evitar situaciones de exclusión social es un tema "que nace" en el ámbito laboral, pues es una consecuencia directa del incremento del desempleo, y que por ello es su Gabinete el que "asume el discurso político" y, "de común acuerdo" con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, establece las directrices a seguir.
A partir de ahí, ha señalado, se ha abierto un debate con las comunidades, en las que residen las competencias sobre protección social, que ahora tiene que entrar en "fases de concreción", a lo que ha añadido que, dado que los presupuestos para protección social en el ámbito autonómico se encuentran en las consejerías de asuntos sociales, debe ser ahora Trinidad Jiménez, la que lidere este debate. En cualquier caso, ha descartado una ampliación de la prestación por desempleo por cuestiones presupuestarias y ha reiterado que ya se han destinado más de 10.000 millones de euros adicionales este año para hacer frente a estas prestaciones.
Desde los agentes sociales, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha sumado hoy a las voces que piden una ampliación de la protección por desempleo. Tras su primera reunión con la recién nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, y tras sus críticas al anterior ministro, Pedro Solbes, el líder sindical ha confirmado que también le ha solicitado un impulso del sector de la construcción, aunque dirigido a la obra pública y a la vivienda protegida.
Méndez, tras calificar la reunión de "fructífera, positiva y profunda", ha destacado la "receptividad" de la vicepresidenta y una "alta coincidencia" sobre los objetivos ante la crisis a corto y medio plazo. Sobre todo, ha valorado la "coincidencia clara" con el Gobierno en que la ampliación de la protección por desempleo debe ser "una de las prioridades", y ha reclamado, al igual que lo ha hecho el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, la corresponsabilidad de las comunidades autónomas en este sentido para que ayuden a sufragar a los parados que ya no cobran prestación.
En este sentido, el secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, ha desvelado hoy que la presidenta Esperanza Aguirre le ha transmitido -a él y a su homólogo de CC OO, Javier López- su "conformdad" con la propuesta de crear una "renta anticrisis" para los parados que ya no cobrar ninguna prestación. La renta activa madrileña o "renta anticrisis" que proponen los sindictos, y que apoya el Partido Socialista de Madrid (PSM), supone pagar 421 euros durante seis meses a unos 130.000 desempleados que ya no cobran prestación por desempleo ni subsidio.
el pais.es
En este debate, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho ha tirado la pelota sobre estas ayudas sobre el tejado del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales y los gobiernos autonómicos. Así, ha avanzado que las comunidades tendrán que hacerse cargo de la extensión de las rentas sociales para aquellos que no cuenten con prestaciones contributivas, al ser parte de sus competencias. Un mensaje que no ha caído en saco rato, ya que hay varias regiones que podrían tomar medidas en este sentido. Por coherencia, ha añadido el ministro, el testigo por parte del Gobierno debe tomarlo el departamento que dirige Trinidad Jiménez, en coordinación con la Vicepresidencia Tercera.
Corbacho ha explicado que la posible ampliación de la protección social para evitar situaciones de exclusión social es un tema "que nace" en el ámbito laboral, pues es una consecuencia directa del incremento del desempleo, y que por ello es su Gabinete el que "asume el discurso político" y, "de común acuerdo" con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, establece las directrices a seguir.
A partir de ahí, ha señalado, se ha abierto un debate con las comunidades, en las que residen las competencias sobre protección social, que ahora tiene que entrar en "fases de concreción", a lo que ha añadido que, dado que los presupuestos para protección social en el ámbito autonómico se encuentran en las consejerías de asuntos sociales, debe ser ahora Trinidad Jiménez, la que lidere este debate. En cualquier caso, ha descartado una ampliación de la prestación por desempleo por cuestiones presupuestarias y ha reiterado que ya se han destinado más de 10.000 millones de euros adicionales este año para hacer frente a estas prestaciones.
Desde los agentes sociales, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha sumado hoy a las voces que piden una ampliación de la protección por desempleo. Tras su primera reunión con la recién nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, y tras sus críticas al anterior ministro, Pedro Solbes, el líder sindical ha confirmado que también le ha solicitado un impulso del sector de la construcción, aunque dirigido a la obra pública y a la vivienda protegida.
Méndez, tras calificar la reunión de "fructífera, positiva y profunda", ha destacado la "receptividad" de la vicepresidenta y una "alta coincidencia" sobre los objetivos ante la crisis a corto y medio plazo. Sobre todo, ha valorado la "coincidencia clara" con el Gobierno en que la ampliación de la protección por desempleo debe ser "una de las prioridades", y ha reclamado, al igual que lo ha hecho el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, la corresponsabilidad de las comunidades autónomas en este sentido para que ayuden a sufragar a los parados que ya no cobran prestación.
En este sentido, el secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, ha desvelado hoy que la presidenta Esperanza Aguirre le ha transmitido -a él y a su homólogo de CC OO, Javier López- su "conformdad" con la propuesta de crear una "renta anticrisis" para los parados que ya no cobrar ninguna prestación. La renta activa madrileña o "renta anticrisis" que proponen los sindictos, y que apoya el Partido Socialista de Madrid (PSM), supone pagar 421 euros durante seis meses a unos 130.000 desempleados que ya no cobran prestación por desempleo ni subsidio.
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